El impuesto del sicario y el Estado caníbal: La revolución que no quisimos ver
La periferia se cansó de esperar el goteo. La redistribución ahora ocurre a punta de pistola, y las mafias ya no rompen la ley — la redactan.
Hablamos de la ola de criminalidad como si fuera un problema estrictamente policial. Pedimos a gritos un Bukele, compramos patrulleros y aplaudimos estados de emergencia que, a estas alturas, ya sabemos que no sirven para nada. Pero estamos mirando el desastre con los lentes equivocados. Lo que estamos viviendo no es un simple desborde delictivo, ni una falla temporal del sistema.
Es la manifestación peruana de la lucha de clases que la izquierda tanto predicó, pero que ha salido terriblemente mal.
Es una revolución sin manifiestos, sin el Che Guevara y sin romanticismo ideológico. Es puro y duro darwinismo predatorio. Ante la negativa histórica del sistema formal por integrar a los márgenes, las economías ilegales se han convertido en el nuevo y brutal mecanismo de redistribución de la riqueza.
Nos pasamos veinte años celebrando el “milagro peruano” y el grado de inversión, mientras tolerábamos que el 70% del país sobreviviera en la informalidad. Nos negamos a que el goteo de la riqueza llegara a la periferia a través de un contrato social civilizado: impuestos justos, educación pública de calidad, instituciones equitativas. Construimos un país donde, para millones, la vía formal siempre pareció una estafa.
¿Qué incentivo tiene un joven en La Rinconada o en Ocongate para estudiar quince años y mendigar un puesto precario por el sueldo mínimo, cuando en un socavón ilegal puede sacar eso en una “semana de suerte”?
Bueno, la periferia se cansó de esperar el goteo. Ahora la redistribución está ocurriendo a punta de pistola.
El cupo que desangra a bodegueros, dueños de chifas y transportistas no es otra cosa que el “impuesto del sicario”. Es un sistema fiscal paralelo, violento, pero sumamente eficiente. Solo la extorsión transfiere hoy más de 4,000 millones de soles al año de la clase trabajadora y emprendedora formal hacia las mafias. Las organizaciones criminales no están destruyendo el capitalismo; lo están aplicando en su versión más salvaje, cobrando por el derecho a existir en los territorios que el Estado abandonó. Solo en 2025, más de 180 transportistas han pagado con su vida la negativa a tributar en este nuevo orden.
Pero aquí viene la parte más difícil de tragar, el punto ciego de nuestra indignación: ya perdimos.
Seguimos hablando de “combatir al crimen” asumiendo que el Estado es el bando de los buenos, que solo le falta presupuesto o voluntad. La trágica realidad es que esta revolución caníbal ya triunfó. No necesitaron tomar el Palacio de Gobierno con trincheras ni armar guerrillas en la sierra. Les bastó con financiar campañas, descentralizar el botín y comprar curules.
El Congreso de la República, esa amalgama de intereses donde izquierda y derecha “conviven”, se ha convertido en el principal taller legislativo del crimen organizado. Hoy, las mafias no rompen la ley; la redactan.
Miren las normas que despachan. La Ley 32108 redefinió el “crimen organizado” a la medida de los extorsionadores, exigiendo además que los fiscales esperen sentados al abogado del delincuente antes de poder allanar su búnker. Es un sistema de alerta temprana institucionalizado. O miren la destrucción sistemática de la colaboración eficaz (Ley 31990) y de la extinción de dominio, diseñadas para que los capos puedan usar sus fortunas ilícitas para pagar abogados de lujo y financiar políticos mientras sus juicios prescriben por burocracia.
Y ni hablemos de la minería ilegal, que hoy exporta más de US$ 12,600 millones anuales, empatando técnicamente a la minería formal. Ese poder económico no se queda en el socavón. Sube hasta los gobiernos regionales —con figuras que operan como representantes directos del sector— y llega al mismísimo Congreso. El REINFO, ese escudo mágico extendido hasta el infinito, garantiza que la policía no pueda tocar a los que saquean el país porque están “en proceso de formalización”.
El Estado no ha colapsado; ha sido fagocitado. Hoy, nuestras instituciones democráticas son solo una cáscara legal que protege al capital ilícito. Creímos que podíamos vivir para siempre en nuestra burbuja, asumiendo que la policía nos protegería de los perdedores del modelo.
Nos equivocamos. El monstruo no está tocando la puerta. Ya está sentado en la sala, redactando las leyes y cobrándonos el alquiler.